Mucho revuelo ha levantado la propuesta del presidente nacional de Morena

¿Medir la riqueza mal habida? Claro que sí

“Detrás de cada gran fortuna se esconde un crimen”
Honorato de Balzac

Mucho revuelo ha levantado la propuesta del presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar de crear mecanismos para tener una mejor medición de la acumulación y distribución de la riqueza en nuestro país. Para la realización de este proyecto se propone que se haga a través de INEGI, en coordinación con el SAT y otras dependencias gubernamentales.

Pues ahí tienen ustedes que esta idea ha recibido descalificaciones hasta del propio presidente López Obrador, el senador Ricardo Monreal y otros simpáticos personajes de la 4T y además una airada y furibunda reacción de algunos representantes empresariales.

A mí me parece que la intención, de entrada, es buena. En el fondo se busca tratar de romper las inercias que han provocado las tremendas desigualdades en nuestro pais donde por un lado más de 50 millones de ciudadanos viven en condiciones de pobreza y por el otro algunos grandes magnates se disputan los primeros lugares entre los más ricos del mundo. Esta brutal desigualdad ya es insostenible.

Y nadie puede negar que gran cantidad de estas fortunas han sido creadas al amparo de las oscuras complicidades entre empresarios y funcionarios corruptos, de esos que tienen casas que no incluyen en sus declaraciones patrimoniales y que sus hijos ganan contratos para suministrar equipo médico al IMSS, con escandalosos sobreprecios. Seguramente el director actual de la CFE tendrá mucho que decir sobre esto.

En mi opinión, quienes han forjado un patrimonio a base del trabajo arduo y constante que son la gran mayoría de los empresarios mexicanos, pequeños, medianos y grandes, de nada deben preocuparse. Esta medida no apunta hacia ellos.

Que se preocupen los grandes corruptores, los que por ejemplo se han hecho de concesiones mineras como Salinas Pliego, con la concesión de la mina Los Cardones en Baja California Sur. Los exgobernadores, presidentes municipales, y otros funcionarios de gobierno, que llegan al poder con una mano adelante y la otra atrás y salen millonarios, como pasa en toda la república, incluido este bello estado nuestro. Y ni qué decir del municipio de Los Cabos.

Es lógico que la jauría aúlle furiosa al ver que su deshonroso patrimonio sea puesto bajo escrutinio. Y es de esperar que se lancen en manada a descalificar esta propuesta. Les aterra sentirse exhibidos y amenazadas sus infames fortunas.

El presidente de Morena no quitará el dedo del renglón en insistir en esta idea suya. Ya anunció que se regresará a la cámara de diputados a impulsar desde ahí su iniciativa.

Pero se ve muy poco probable que se llegue a implementar como se propone. Existen criterios legales y administrativos tanto en el INEGI como en el SAT, que vuelven poco práctica esta intención. Lo rescatable aquí es que se debe estrechar el cerco para poner bajo la lupa a todo sospechoso de haber creado una fortuna mal habida y para ello utilizar los mecanismos legales ya existentes. Y para eso no se requiere crear una nueva ley. Basta con que exista la voluntad de ir detrás de tanto granuja, que se ha enriquecido de mala manera, para entonces sí, encontrar la forma de que pague lo que por derecho es procedente.

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