CDMX.-El Juez Décimo Segundo de Distrito con sede en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que aprobó el Congreso de la Unión, y que se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La resolución fue en favor de la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, de la misma entidad, María del Carmen Cordero Martínez, quien el lunes presentó un amparo contra esa reforma, y quien es superior jerárquico del juez federal.
La medida cautelar impide temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ente administrativo del PFJ, la transferencia de los aproximadamente 15 mil millones de pesos, que integran los 13 fideicomisos eliminados, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la resolución del Juez Luévano Ovalle se prohíbe a estas dos últimas instancias, del Gobierno de México, que dispongan de esos recursos.
El Juez Décimo Segundo de Distrito con sede en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que aprobó el Congreso de la Unión, y que se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La resolución fue en favor de la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, de la misma entidad, María del Carmen Cordero Martínez, quien el lunes presentó un amparo contra esa reforma, y quien es superior jerárquico del juez federal.
La medida cautelar impide temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ente administrativo del PFJ, la transferencia de los aproximadamente 15 mil millones de pesos, que integran los 13 fideicomisos eliminados, a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la resolución del Juez Luévano Ovalle se prohíbe a estas dos últimas instancias, del Gobierno de México, que dispongan de esos recursos.
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