La policía irrumpe en la residencia de Dina Boluarte en medio de acusaciones de posesión de Rolex no declarados.
La tranquilidad del este de Lima se vio interrumpida este fin de semana cuando la policía peruana, respaldada por fiscales, allanó tanto la residencia privada como el despacho presidencial de Dina Boluarte. La mandataria, quien ha denunciado un «ataque sistemático», se encuentra en el ojo del huracán tras ser vinculada a un escándalo por posesión de relojes Rolex no declarados, en lo que parece ser un caso de presunto enriquecimiento ilícito.
Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, ha estado bajo el escrutinio público desde el 18 de marzo, cuando se inició una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos. La acción policial, realizada en las primeras horas del sábado, ha generado controversia y malestar en la esfera política peruana.
Según los informes, los agentes derribaron la puerta de la residencia de Boluarte antes de registrar tanto la vivienda como su despacho oficial. Durante el operativo, se encontraron varios relojes Rolex, junto con documentos que supuestamente avalan su adquisición, algunos con un valor de hasta 16 mil dólares. La defensa de Boluarte ha enfatizado que los relojes no fueron confiscados, sino que simplemente se constataron y se tomaron fotografías de ellos.
La situación se ha complicado aún más con la presentación de una moción por parte del partido peruano Perú Libre para destituir a Boluarte, quien fue una militante antigua de esa misma organización. En medio de esta tormenta política, la mandataria ha rechazado las acusaciones, denunciando que los ataques en su contra representan un peligro para la democracia y la estabilidad del país.
Los allanamientos, autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a solicitud del fiscal de la nación, plantean un dilema legal. A pesar de las acusaciones, Boluarte solo podría ser juzgada después de julio de 2026, cuando concluya su mandato presidencial, según lo estipula la Constitución. Sin embargo, el escándalo podría desencadenar un proceso de destitución desde el Congreso.
Este episodio deja al descubierto las tensiones políticas y la fragilidad del sistema de justicia en Perú, mientras la nación sudamericana se enfrenta a una crisis de liderazgo sin precedentes.
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