La presidenta asegura que el Poder Judicial busca frenar la reforma constitucional aprobada y publicada conforme a derecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó tajantemente que su administración esté en desacato tras la publicación de la reforma constitucional en materia judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que quien realmente ha violado la ley es la jueza Nancy Juárez Salas, quien concedió una suspensión que ordenaba retirar dicha reforma del DOF, lo que, según Sheinbaum, vulnera el artículo 61 de la Ley de Amparo.
Reforma constitucional bajo el amparo de la ley
Sheinbaum argumentó que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la Constitución, como lo estipula la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo. «El proceso de reforma siguió estrictamente lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», subrayó. De acuerdo con la mandataria, cualquier intento por eliminar la reforma judicial sería ilegal, pues ésta ya ha sido validada y publicada oficialmente.
Suspensión judicial y respuesta oficial
El 17 de octubre, la jueza Juárez Salas, del Decimonoveno Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, otorgó una suspensión que ordenaba eliminar la reforma judicial del DOF, advirtiendo que de no cumplirse en 24 horas, se iniciaría un procedimiento por desacato, lo cual podría derivar en sanciones de hasta siete años de prisión para la presidenta. Sin embargo, Sheinbaum Pardo señaló que hasta la mañana del día siguiente no había sido notificada de dicha resolución.
La presidenta anunció que, en cuanto se reciba la notificación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentará una queja formal contra la jueza Juárez Salas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por contravenir la ley. También informó que se planteará al Congreso de la Unión la legalidad del amparo y la viabilidad de eliminar una reforma constitucional.
Sin juicio político para la jueza
Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de iniciar un juicio político contra Juárez Salas, aunque destacó que en al menos 30 años, nadie había solicitado la eliminación de un contenido publicado en el DOF. Reiteró que el proceso para aprobar la reforma al Poder Judicial fue completamente legal y conforme a derecho, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución. «Estamos actuando dentro del marco legal. Los que están violando el estado de derecho son los integrantes del Poder Judicial», afirmó enfáticamente.
Corrupción en el Poder Judicial y crítica a la Suprema Corte
La mandataria también señaló que en los últimos tiempos se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por parte de actores sin la legitimidad necesaria para hacerlo, como ciertos partidos políticos, cuyos recursos han sido aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«Lo preocupante es que, desde la Corte o desde algunos jueces, se violan leyes tan claras como las establecidas en la Constitución», expresó Sheinbaum Pardo. Para ella, estos actos son una muestra de la corrupción que permea en el Poder Judicial. «La corrupción no solo es recibir dinero para dictar una sentencia, también es violar la ley desde dentro», puntualizó.
Descarta guerra legal o intento de golpe de estado blando
En respuesta a cuestionamientos sobre si estas acciones del Poder Judicial representan un intento de golpe de Estado blando o lo que algunos llaman lawfare (guerra legal), Sheinbaum Pardo rechazó esta idea. Afirmó que más bien se trata de un esfuerzo de jueces, magistrados y ministros por mantener sus privilegios en medio de una reforma que busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano.
Salarios durante paro en el Poder Judicial
La presidenta también aprovechó para criticar el hecho de que, a pesar del paro de labores que actualmente atraviesa el Poder Judicial, sus trabajadores siguen recibiendo sus salarios, lo que contraviene la Ley Federal del Trabajo. Según dicha ley, los empleados en huelga no deberían percibir ingresos mientras no se reincorporen a sus funciones.
Finalmente, Sheinbaum aseguró que lo que está en marcha es «una nueva campaña para hacer creer que en México no existe estado de derecho», y desvió la atención hacia el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. «Ya nadie habla de García Luna, ahora el gran tema es supuestamente el desacato de la Presidenta de la República», concluyó, insistiendo en que los verdaderos violadores de la ley son los integrantes del Poder Judicial.
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