Diputados aprueban transferir funciones al INEGI.
Con 353 votos a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la transferencia de las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El decreto fue enviado al Senado para su análisis y posible aprobación, como parte del periodo extraordinario convocado para discutir leyes secundarias derivadas del llamado Plan C.
Morena defendió la propuesta con el argumento de que “medir sin transformar es simulación” y señaló que la centralización de estas funciones permitirá “consolidar capacidades institucionales sin duplicidades”.
La diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que el INEGI continuará operando con autonomía y que esta transición será ordenada y eficaz.
La oposición, integrada por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, rechazó la medida y calificó la reforma como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Criticaron que, al eliminar la evaluación independiente, el gobierno federal queda como único responsable de medir su desempeño.
Diputados de estas bancadas también señalaron que “se pierde un mecanismo confiable para evaluar la efectividad de los programas sociales”.
Algunos legisladores del PAN recordaron que varios integrantes actuales de Morena defendían la autonomía del Coneval en años anteriores, cuando pertenecían a otros partidos.
Desde Movimiento Ciudadano se mencionó que el Coneval señaló en el pasado la falta de padrones y reglas claras en programas sociales, así como los efectos de la cancelación del Seguro Popular.
Desde el PVEM y el PT se argumentó que el Coneval representaba una “estructura innecesaria dentro del aparato estatal” y se afirmó que el traslado de funciones al INEGI permitirá “mantener la calidad técnica sin comprometer su autonomía operativa”.
El dictamen modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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