La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, rechaza la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco sobre el asesinato de su representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el pasado 26 de noviembre.
Según la Fiscalía, la agresión habría derivado de una disputa particular por tierras; sin embargo, habitantes y autoridades tradicionales de la comunidad aseguran que se trató de un crimen planeado, resultado de años de amenazas, hostigamiento y presiones para despojar territorios comunales. Denuncian que la violencia en la zona no es nueva: recuerdan múltiples denuncias acumuladas durante años, así como ataques previos contra comuneros que no han sido atendidos con seriedad.
En el ataque, Marcos Aguilar perdió la vida y su hermano, Gabriel Aguilar Rojas —delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI)— resultó gravemente herido. Tras estos hechos, la comunidad decidió recuperar el predio comunal conocido como El Caracol, reclamando su defensa ante lo que consideran un patrón sistemático de agresiones y despojos.
Integrantes de la comunidad enfatizan que los ataques no son incidentes aislados, sino parte de un conflicto prolongado por el control del territorio ancestral, que podría involucrar tanto a particulares como a autoridades que han facilitado, amparado o ignorado dichas agresiones. Exigen que se investigue a fondo no sólo a los agresores materiales, sino también a quienes pudieron participar en un esquema de impunidad.
El caso ha reavivado la exigencia de justicia y de respeto a los derechos agrarios e indígenas, así como la urgencia de garantizar seguridad y reconocimiento legal a la comunidad wixárika-tepehuana de Azqueltán. Autores comunitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que seguirán vigilantes para que este crimen no quede impune.
