La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco reporta que, desde su creación hace casi ocho años, solo se han dictado 18 sentencias condenatorias contra funcionarios acusados de corrupción en el estado.
Durante este periodo, se llegaron a enviar al juez unas 570 carpetas de investigación relativas a presuntos actos corruptos en distintos niveles de gobierno.
Además, se han impuesto medidas como prisión preventiva en al menos 46 personas, en espera de que sus casos se resuelvan en tribunales.
Según su titular, parte del problema radica en el diseño del sistema acusatorio adversarial, en el que muchos casos no llegan a juicio. A ello se suma que las sanciones actuales por corrupción suelen ser muy bajas, lo que reduce el efecto disuasivo.
Este balance genera cuestionamientos sobre la eficacia institucional para sancionar la corrupción y sobre la necesidad de revisar la legislación para endurecer penas o mejorar los mecanismos de justicia.
