“Que me destituyan si quieren”: Gobernador de Jalisco respalda rechazo a iniciativa sobre infancias trans

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó su apoyo al rechazo del Congreso del Estado a una iniciativa para modificar la Ley del Registro Civil con el fin de permitir que menores de edad puedan cambiar su identidad de género en sus actas de nacimiento. La propuesta, conocida como parte de la llamada “ley de infancias trans”, fue rechazada por mayoría de legisladores locales, en una votación que obtuvo 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención.

Lemus calificó la iniciativa como una “injerencia ideológica” y reafirmó que su administración defenderá, dijo, “los valores de las niñas, los niños y las familias” de la entidad, incluso si ello le acarreara consecuencias políticas o legales. “Más vale que nos destituyan, a quien quieran destituir, por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias”, afirmó el gobernador en declaraciones públicas.

El mandatario reiteró que considera que la propuesta no corresponde con lo que, a su juicio, son las prioridades sociales y la protección de la infancia en Jalisco, y dijo que su gobierno buscará vías jurídicas para impugnar cualquier mandato que obligue a la aprobación de la reforma.

La iniciativa había sido impulsada como respuesta a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha señalado que las entidades federativas no deben establecer restricciones de edad para el reconocimiento de la identidad de género, incluyendo a menores de edad.

La discusión alrededor del tema ha generado posturas encontradas: mientras el bloque mayoritario en el Congreso —integrado por legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde— respaldó el rechazo, grupos como Morena, Futuro y Hagamos defendieron la iniciativa argumentando que se trata de derechos humanos y de cumplir con criterios constitucionales.

El rechazo a esta iniciativa marca la tercera ocasión en que el Congreso de Jalisco frena propuestas similares, y coloca de nuevo a la entidad en un debate jurídico y político sobre cómo armonizar su legislación con los criterios de la SCJN en materia de identidad de género y derechos de las infancias trans.

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Redacción
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