Personas detenidas durante la manifestación del 11 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada para exigir agua limpia, denunciaron presuntas agresiones físicas, humillaciones y amenazas durante su detención. Ante estos señalamientos, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas y la médica Daniela Álvarez Zepeda compartieron testimonios sobre lo que vivieron después de ser detenidas. Según sus declaraciones, alrededor de 40 manifestantes fueron concentrados en una habitación dentro del perímetro de Casa Jalisco, donde presuntamente continuaron las agresiones por parte de elementos policiales.
Entre los hechos denunciados se encuentran golpes, insultos, amenazas y restricciones para brindar atención médica a personas lesionadas. Álvarez Zepeda relató que una joven sufrió convulsiones mientras permanecía retenida y que tuvo dificultades para auxiliarla. Arriola, por su parte, describió presuntas agresiones contra otras personas detenidas, incluidas mujeres.
Las dos denunciantes forman parte de un grupo de 10 personas que presentaron denuncias ante la FGR por presuntos actos de tortura y que también rindieron declaraciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que atrajo el caso. Las víctimas señalaron además presuntas irregularidades en el traslado a instalaciones de la Fiscalía estatal y en las condiciones en que permanecieron bajo custodia.
Las personas afectadas exigieron que se investigue a los mandos policiales y a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad, entre ellos el gobernador Pablo Lemus y el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González. También cuestionaron la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco durante los hechos y expresaron temor por posibles represalias. Las acusaciones deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.
