Contraloría Ciudadana y Coordinación General de Fomento de la Comunidad investiga presunto acoso sexual de tres servidores públicos en Jalisco; en los tres casos pueden ser delitos administrativos relacionados con la violencia de género.
La investigación inició debido a las denuncias de las víctimas, por lo que las autoridades indagaran las posibles irregularidades en el funcionamiento del Centro de Enseñanza y Capacitación de la Atención Prehospitalaria, también conocida como Escuela de Paramédicos.
Asimismo, Cynthia Pacheco informó que derivado de las denuncias, se investiga también el funcionamiento de la Escuela de Paramédicos por posibles irregularidades.
“Se presume que esta escuela había estado funcionando de manera irregular por más de 30 años, ya que no se ha encontrado el acuerdo de creación, al menos en la búsqueda que han realizado de las autoridades que hoy en día están presentes. No se advierte tampoco que hayan existido acreditaciones oficiales de estudios y sí se advierte, o se ha denunciado, que se cobraban cuotas escolares al margen de que existiera este concepto en la Ley de Ingresos”, detalló.
Cantero Pacheco añadió, que en la Escuela de Paramédicos se empleaban recursos públicos, se emitían convocatorias de ingreso con logotipos del gobierno de Guadalajara y los paramédicos daban las clases.
La capacidad de admisión rondaba entre 20 y 50 alumnos, impartiéndose las lecciones en la Unidad Médica Delgadillo Araujo.
“Iniciamos una investigación de oficio, con base en todos los elementos que se nos han proporcionado, la acabamos de arrancar. Básicamente lo que estaremos investigando, a partir de que comenzó, que fue aproximadamente 10 días, son todas estas posibles irregularidades en el Centro de Enseñanza y Capacitación de la Atención Prehospitalaria”, precisó.
Estas acciones constituyen posibles faltas administrativas graves por desvío de recursos públicos, cohecho por el cobro de cuotas irregulares a las y los alumnos, así como abuso de funciones.
Lo anterior conllevaría posibles sanciones para los responsables que van desde la suspensión en el cargo desde 30 a 90 días, destitución del cargo, o sanción económica e inhabilitación del servicio público de uno a 10 años. En caso de configurarse delitos penales la Contraloría Ciudadana presentará las denuncias correspondientes.
“Se deben de denunciar los hechos de corrupción en donde, no nada más servidores públicos se den cuenta, sino también la ciudadanía. Esto es el principal elemento para que se pueda accionar todo el proceso que se desarrolla. Hay redes de corrupción que han existido por años en las instituciones públicas, y la única forma de empezarlas a desmantelar […] es denunciándolo y llevando a cabo el proceso correspondiente, y que esas personas dejen de estar en el servicio público”, aseveró Cantero Pacheco.
La Coordinación General Andrea Blanco Calderón precisó que a las y los 43 estudiantes que se encontraban inscritos en la Escuela de Paramédicos al momento del cese de sus actividades, se les ofreció concluir su formación con una beca del 100 por ciento en una institución privada certificada.
Además, se intensificaron los controles en las áreas médica, administrativa y de recursos humanos, así como cambios en el equipo de trabajo, como la Jefatura de Enseñanza, Dirección General, Dirección Médica y la Subdirección Médica, con el objetivo de erradicar prácticas de corrupción al interior de la institución.
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