La violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco tomó notoriedad durante enero de 2023 debido a la escalada y la gravedad de varios de los casos de feminicidio ocurridos en la entidad.
El feminicidio de Liliana y su madre Alondra al interior de la Fiscalía de Poncitlán, mientras las mujeres esperaban para poder levantar una denuncia por violencia familiar, fue el último caso registrado en dicho mes que, de acuerdo con la prensa local, cerró con 19 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 6 fueron reconocidos por el gobierno de Jalisco.
El gobierno de Enrique Alfaro publicó un comunicado en el que aseguró que aunque “el mes de enero fue complejo en el estado y en México”, pero que en materia de feminicidios el tema “se tiene que reconocer desde la sociedad” pues consideran que la violencia de género es producto de una descomposición social. Por ello, aseguraron que el gobierno ha cumplido con su parte al detener a los responsables.
“Seis feminicidios en este mes, un mes muy doloroso, pero el gobierno ha hecho la parte que nos toca, hemos detenido y están enfrentando a la justicia las personas que han privado de su vida a estas mujeres”, dijo el gobernador.
Esta declaración fue sostenida por Alfaro, quien este lunes 6 de febrero nuevamente hizo comentarios al respecto y aseguró que la violencia feminicida “no es un asunto de policías y patrullas”, debido a que el gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie.
Lo dicho por el gobernador no fue bien recibido por colectivos que abordan la violencia de género, pues aseguraron que ésta es una forma de evadir la responsabilidad y la prevención de este tipo de delitos.
“Reprobamos las declaraciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien afirmó que, ‘como gobierno es difícil controlar y predecir la conducta de los agresores’… ya que decir eso es eximir de su responsabilidad como administrador del Estado, de prevenir la violencia letal o feminicida, cuando hablamos de control y predicción, no es una lectura de cartas o predicción del futuro sino que tiene que obedecer a una política Criminal integral eficaz (por demás carente en nuestro estado, país y América Latina), en donde la prevención debe ser una apuesta fundamental de cualquier política pública”, denunció el Comité de América Laguna y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco en un comunicado.
Asimismo, algunos periodistas e investigadores han señalado también cuáles son las obligaciones del gobierno jalisciense en materia de la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre las cuales se señala la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres tales como la coordinación entre los ayuntamientos y el gobierno estatal.
Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, destacó que a partir de este reporte que analiza cifras y casos mediáticos de feminicidio, puede observarse que la narrativa de las Fiscalías y autoridades va orientada hacia una falta de cuidado por parte de la víctima o se señala que no sucedió el delito, clasificándose de otra forma.
Esto puede traducirse en el discurso gubernamental sobre la descomposición social como causa de feminicidio o la falta de investigación de todos los casos de asesinatos de mujeres como feminicidio.
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