Las aguas fétidas que están saliendo de muchas llaves en el área metropolitana de Guadalajara (AMG) están generando protestas y movilización en este 2026. El gobierno de Jalisco recién anunció un fondo de 5 mil millones de pesos de inversión “inmediata”, y un plan más amplio que requerirá de 20 mil mdp. La problemática que brota en Guadalajara, sin embargo, no es sólo asunto de tuberías e inversiones (es asunto también de lo que sucede en la cuenca del río Santiago). El llamado “sistema antiguo” de abastecimiento al AMG trae agua por el río Santiago y provee casi 20 por ciento del agua que llega a la ciudad.
De esta manera, lo que sucede en el corazón de la ciudad tiene mucho que ver con el reto asumido desde la presidencia de restaurar uno de los ríos más contaminados del país: el Lerma-Santiago. El reto es mayor, y hacer compromisos y formar comisiones no garantiza pasos concretos hacia la restauración, si las mismas instituciones del gobierno federal continúan con políticas de opacidad, carentes de recursos y con estrategias voluntarias para el sector industrial.
La opacidad se ve claramente en el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Empresas y otros usuarios con un permiso de descarga autorizado por Conagua tienen que realizar muestreos y análisis de sus descargas con un laboratorio acreditado y enviar informes trimestrales, a través del Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (Siralab). Los datos almacenados en Siralab, sin embargo, se mantienen obstinadamente secretos.
Desde 2022, un grupo de interesados intentamos acceder a esa información para las empresas ubicadas en 20 municipios de la cuenca del río Santiago, en Jalisco, por medio de una solicitud de información al INAI. Cuando esa estrategia no dio frutos, presentamos un amparo en 2023 que se resolvió en términos desfavorables para el acceso a la información en materia ambiental en marzo de 2026. El juzgado aceptó las afirmaciones del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua de que no localizaban esa información y dio como “resultado final la declaración de inexistencia formal de la información solicitada” (sentencia del juicio de amparo indirecto 948/2025-6).
La inexistencia de la información implica una omisión mayúscula de la autoridad para hacer valer las regulaciones con respecto a las descargas. La historia no es así de sencilla, sin embargo, ya que los datos de Siralab sirven también a otro propósito: para el pago de derechos por descarga, según el precepto “el que contamina paga” (Ley Federal de Derechos, art. 278-B). Dentro de Conagua, la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización ha alegado que los datos de Siralab son secreto fiscal. En realidad, los informes de las descargas no son información “inexistente”, pero no circula ni siquiera dentro de la Conagua. No están a disposición tampoco de la Comisión de Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago. Así comentó personal de Conagua en una mesa de saneamiento realizada el pasado 14 de mayo en Guadalajara.
Esa mesa, organizada por la Comisión de Restauración, dejó ver con claridad la “mano suave” que predomina hacia la industria en la estrategia para la cuenca. Desde Conagua, en Jalisco, han buscado a industrias para realizar “pruebas rápidas” y firmar convenios compromiso en donde las empresas se comprometan a cumplir con la normatividad. La Comisión de restauración reveló cómo empresas han donado árboles y pintura para murales, removido llantas del cauce del río y prestado maquinaria para remover lirio. La Comisión también ha firmado convenios de colaboración con Concamin y Canacintra. Tenemos que trabajar, dijeron, “unidos gobierno, empresas y sociedad” con el afán de lograr una “relación sana entre desarrollo industrial, cuidado del agua y responsabilidad social”.
Voluntarismo y palabras huecas para una cuenca que alberga zonas industriales claves en el país, desde Toluca, el Bajío de Guanajuato y la cuenca alta del río Santiago, en Jalisco. El estado de México, Jalisco y Guanajuato fueron los estados segundo, tercero y quinto en la aportación al producto interno bruto manufacturero del país en 2024.
Voluntarismo y austeridad son una combinación peligrosa. Estudios en México y a escala internacional han encontrado que los acuerdos y programas ambientales voluntarios son poco efectivos en ausencia de mecanismos de sanción y un régimen de regulación obligatoria fuerte. ¿Qué lograrán acuerdos y convenios voluntarios en un entorno de autoridades ausentes y vigilancia prácticamente nula? Aunque nunca tuvo un régimen de inspección fuerte, la caída en las visitas de inspección de Conagua es notoria. Con más de 43 mil permisos y concesiones que debe vigilar en Jalisco, las inspecciones de Conagua bajaron de un promedio anual de 270 entre 2010 y 2018 a solamente 66 al año entre 2019 y 2025.
La Profepa, por su parte, realizó únicamente 78 inspecciones a industrias en la cuenca Lerma-Santiago en 2025. Es un número ínfimo para una cuenca con más de 21 millones de habitantes y densas zonas de actividad industrial. En la mesa de saneamiento, una representante de la Profepa informó que planean realizar 145 inspecciones en 2026. Buscan “dar tiros de precisión”, dijo, dado que “no vamos a hacer cientos de inspecciones porque no tenemos el personal y los recursos”. Por mucho que se estire la cobija, la debilidad institucional es evidente.
El reto no es menor y lo que está en juego es sencillamente la vida de poblaciones y comunidades ribereñas. Las aguas malolientes que incomodan y movilizan a habitantes de Guadalajara son parte de esta misma historia, que demanda acciones contundentes en la cuenca del río Santiago y exige más que compromisos voluntarios y un Estado ausente y opaco.
