El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que destina 70 mil millones de dólares a las acciones migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, iniciativa que recibió el respaldo de la Cámara de Representantes este martes, luego de haber sido avalada por el Senado la semana pasada, por lo que ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación.
La mayor parte de los recursos será destinada a las agencias encargadas de la vigilancia migratoria y fronteriza.
El plan contempla cerca de 38 mil millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alrededor de 26 mil millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y casi 5 mil millones para gastos extraordinarios relacionados con estas operaciones.
La aprobación representa un avance para la agenda migratoria de Trump, uno de los temas centrales de su administración.
Los nuevos fondos se suman a los casi 140 mil millones de dólares autorizados anteriormente para tareas vinculadas al control de la inmigración.
Mientras tanto, sectores que respaldan medidas más estrictas han manifestado que las cifras de deportaciones “aún se encuentran por debajo de las metas planteadas por el gobierno”.
Tom Homan, funcionario identificado con la estrategia de expulsiones migratorias, señaló que las operaciones continuarán ampliándose en distintos puntos del país, incluyendo ciudades como Nueva York.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que la aprobación garantiza recursos para las agencias federales durante los próximos años.
Legisladores de oposición impulsaron cambios relacionados con los procedimientos del ICE y la CBP, entre ellos la implementación obligatoria de cámaras corporales para los agentes, sin embargo, esas propuestas quedaron fuera de la versión final del proyecto.
El texto también excluyó algunas solicitudes promovidas por Trump, como recursos para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y un fondo destinado a compensar a personas que el gobierno considera afectadas por decisiones judiciales.
Ambas iniciativas enfrentaron objeciones tanto de legisladores demócratas como de algunos integrantes del Partido Republicano.
