Autoridades de Jalisco identificaron a 17 elementos policiales por su presunta participación en el uso indebido de la fuerza durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos exigieron soluciones a los problemas de calidad del agua potable.
Las investigaciones se iniciaron después de que la movilización frente a Casa Jalisco derivara en enfrentamientos entre manifestantes y policías estatales. Durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, además de registrarse golpes y detenciones.
El caso cobró relevancia tras las denuncias de ciudadanos que señalaron haber sufrido agresiones físicas y humillaciones durante su detención. Ante estos hechos, las autoridades estatales comenzaron procedimientos para determinar la responsabilidad de los elementos involucrados.
Previamente, dos policías estatales habían sido separados de sus funciones y presentados ante el área de Asuntos Internos para revisar su actuación durante el operativo.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas, y aseguró que se investigarían los hechos para sancionar a los responsables y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
La CNDH también inició indagatorias sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la protesta.
