La reforma incluye la obligación del personal de salud de notificar al Ministerio Público de los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban

Sanción de hasta 30 años de cárcel por atacar con ácido a mujeres en Jalisco

Representantes de la Comisión de Igualdad Material aprobaron reformas al Código Penal del Estado, que establece que quien ataque a otra persona con daño ácido o una sustancia corrosiva, cáustico, irritante, venenoso, inflamable o cualquier otro que cause daño, será sancionado con pena privativa de libertad por un período de 5 a por 15 años de cárcel.

El proyecto de reforma especifica que la sanción aumentará el doble, hasta los 30 años de prisión, cuando el ataque se cometa contra una mujer y el agresor tenga una relación de parentesco, noviazgo, matrimonio u otra.

La reforma incluye la obligación del personal de salud de notificar al Ministerio Público de los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica.

También se modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se elaboren protocolos de actuación en materia de violencia en razón de género para víctimas de ataques con agentes químicos. Establece la obligación de que los municipios regulen la venta de esas sustancias y considerar sanciones cuando se haga sin licencia.

La diputada Dolores López Jara, presidenta de la Comisión, informó que, previo a la votación del dictamen en el pleno del Congreso, realizarán una mesa de trabajo sobre el tema a la que convocarán a la Fiscalía del Estado, Poder Judicial y especialistas.

Por otra parte, la Comisión aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho que toda persona tiene al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad, así como el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado realizado en el propio hogar como trabajo que produce riqueza y bienestar social. Especifica que la ley reglamentaria establecerá las bases y normas para su reconocimiento y atención, así como las políticas y programas para la atención prioritaria de las personas en situación de dependencia.

Ambas iniciativas aún deben ser avaladas en la Comisión de Puntos Constitucionales para que luego se discutan en el pleno del Poder Legislativo.

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