El Gobierno de Jalisco otorgó indemnizaciones por 116 obras, principalmente relacionadas con la construcción de carreteras y vialidades entre los años 2007 y 2021, confirma la Secretaría General. Aunque no detalló el monto erogado en cada litigio, destacan 31 juicios que se perdieron contra ejidatarios en el nuevo tramo del Periférico, una obra realizada en gestiones pasadas.
En la actual administración emecista, hay juicios que interpusieron comisariados ejidales por carreteras hechas en Tlajomulco de Zúñiga, Etzatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. De los juicios del Gobierno de Jalisco en la gestión pasada sobresalen asuntos por carreteras en Ahualulco de Mercado, Tala, San Juanito de Escobedo, Etzatlán y Puerto Vallarta.
También aparece un caso que interpuso un comisariado ejidal para pedir el pago por daños tras una construcción en 2014 en la zona arqueológica de Teuchitlán, donde se localiza el sitio de Guachimontones.
A la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se le solicitó información sobre litigios agrarios actuales, pero no respondió debido a que “los procedimientos jurisdiccionales se consideran información reservada” hasta que se resuelvan.
César Yáñez, titular de la Procuraduría Agraria en el Estado, recordó que actualmente en Jalisco hay asuntos importantes en litigio, como el caso de la Carretera 200 de Manzanillo a Puerto Vallarta, que no se pagó en su momento.
Los Tribunales Unitarios Agrarios constituyen la primera instancia en la impartición de justicia agraria en México.
Su competencia material la establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. El país se divide en 56 distritos, de los cuales en Jalisco hay tres en Guadalajara: en los distritos 13, 15 y 16.
En 2022, el que tenía más asuntos en trámite, con dos mil 245 era el Distrito 13, con sede en Guadalajara, Jalisco; seguido del Distrito 24, en Toluca, Estado de México; y Distrito 32, en Tuxpan, Veracruz, según el informe presentado por el Tribunal Superior Agrario.
En todo el país quedaron 47 mil 991 juicios agrarios en trámite.
Según la explicación brindada, a nivel nacional trabajaron en más asuntos que antes de que se registrara la contingencia sanitaria por COVID-19. “No sólo regresamos a niveles prepandemia de 2019, sino que superamos dichas cifras: en 2022 recibimos 53 mil 762 asuntos y se concluyeron 52 mil 447, lo que significó un 3% más que en 2019”, se confirma por la autoridad.
Los Tribunales Unitarios Agrarios se distribuyen en todo el territorio nacional, donde se consideran, entre otras variables, el número de núcleos agrarios, la complejidad de las controversias agrarias, la población indígena y el acceso a cada uno de ellos, se destacó en el informe.
Por su parte, el año pasado el Tribunal Superior Agrario recibió mil 017 asuntos, concluyó 968 y 309 quedaron en trámite.
Sobre los motivos de las resoluciones, de las 26 mil 054 sentencias definitivas de los Tribunales Unitarios Agrarios emitidas en 2022, el 48.89% fue por sucesión agraria, el 26.33% correspondió a controversias en materia agraria entre sujetos entre sí o con órganos del ejido, y a juicios de nulidad de actos que contravienen las leyes agrarias con el 12.12%. Las demás resoluciones son de distintas materias, y representaron el 12.66 por ciento.
Para agilizar los procesos, la Magistratura Agraria estableció el compromiso de dar el máximo impulso procesal a los juicios de mayor antigüedad para fortalecer la estrategia, por lo que el 16 de marzo del 2022 firmó un acuerdo para ello.
“Al inicio del programa, los juicios de mayor antigüedad representaban el 55% y, al 31 de diciembre de 2022, constituían solamente el 29%. Es decir, se revirtió el porcentaje de los juicios de mayor antigüedad. En la actualidad, los juicios agrarios recientes representan el 71% de los de trámite”, sostuvo el Tribunal Superior Agrario en su informe de actividades.
Aunque el Tribunal Superior Agrario afirmó que habían agilizado juicios de más tiempo, el Distrito 13 de Guadalajara sigue siendo el que encabeza la lista a nivel nacional de asuntos con una mayor antigüedad. De los dos mil 245 asuntos en trámite, 928 son de juicios agrarios de 2019 y años anteriores.
En el análisis realizado a nivel nacional, detectaron que suman 13 mil 727 juicios de mayor antigüedad: siete mil 471 aún no tienen sentencia y seis mil 256 tienen sentencia con diversos estados procesales.
“Entre los primeros están mil 500 juicios en integración de prueba pericial en diversas materias, bien por peritos de las partes y excepcionalmente por parte del perito tercero; mi 900 turnados para sentencia con el compromiso de las y los magistrados de Tribunales Unitarios Agrarios de su emisión en un plazo razonable”.
Con relación a los siete mil 471 sin sentencia hay dos grupos cuantitativamente significativos: mil 600 están para ejecución, y tres mil 031 tienen juicio de amparo en trámite.
El Tribunal Superior Agrario destacó que en los expedientes para ejecución de sentencia, en alrededor de 400 algunas instituciones de la Administración Pública Federal Centralizada y Descentralizada, así como determinados Gobiernos estatales y excepcionalmente municipales, están obligados a pagarles el valor de la indemnización de sus tierras, “porque ahí se construyeron obras de interés público y en algunos casos han pasado una o dos décadas y no les han cubierto la indemnización por tierra. En estos casos las sentencias de la Tribunales Agrarios ordenan el pago se realice al valor al momento de la afectación, más la actualización que en derecho corresponde, conforme lo dispone la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Otro grupo importante de juicios agrarios pendientes de ejecutar la sentencia es en juicios en los que no hubo lista de sucesores y se aplicó el orden de preferencia conforme el Artículo 18 de la Ley Agraria, pero ante la falta de acuerdos en las familias para determinar entre los hijos del titular quién heredará los derechos agrarios, esta pasa a subasta pública, sujeta a un proceso de valuación y enajenación que están tardando más de lo esperado, se refirió en el informe.
Adicionalmente, otro bloque implica la restitución de tierras a núcleos agrarios, condicionada a que estos cubran la indemnización por accesión.
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